La reforma penal en materia de multirreincidencia: buenas intenciones, un sistema que no se cierra

La reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia en hurtos responde a una demanda sostenida del sector comercial, que llevaba años denunciando la impunidad práctica del hurto de cuantía inferior a los cuatrocientos euros. El diagnóstico era certero: la reiteración continuada de sustracciones por debajo del umbral del delito menos grave convertía el hurto sistémico en una actividad de riesgo prácticamente nulo. Para un establecimiento que trabaja con márgenes ajustados —en alimentación o textil, hablar de márgenes netos del tres al cinco por ciento no es infrecuente—, una sola sustracción relevante puede anular el beneficio de centenares de transacciones. El efecto desmoralizador sobre equipos y gestores, que ven cómo la optimización cotidiana de costes se neutraliza en un único incidente sin consecuencias penales para el infractor, es difícil de cuantificar pero real.

Conviene ser precisos sobre lo que la reforma exige antes de emitir un juicio sobre ella. Alcanzar la condición de multirreincidente en los términos del nuevo texto no es trivial: se requieren tres sentencias condenatorias firmes y ejecutorias por delito leve de hurto. Cada una de ellas presupone un hecho delictivo detectado, una denuncia, la tramitación de un procedimiento judicial, una resolución condenatoria, su notificación personal y el agotamiento o la renuncia a los recursos disponibles. Multiplicado por tres, el itinerario que convierte a alguien en candidato a la aplicación de esta reforma describe a una persona que ha tenido repetidas oportunidades de reorientar su conducta y que, con pleno conocimiento del sistema, ha elegido no hacerlo. No es una caracterización dramática; es la descripción objetiva del umbral que el legislador ha fijado. En ese sentido, la justificación político-criminal tiene una base razonable.

Donde la reforma muestra sus costuras más evidentes es en la ejecución práctica. El primer cuello de botella es informativo: para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan identificar en el momento de la intervención que están ante un posible delito menos grave —y no ante una mera infracción leve— necesitan acceso en tiempo real al registro de antecedentes penales del intervenido. Sin esa consulta inmediata, el agente carece de base jurídica para practicar una detención, y sin detención el procedimiento de enjuiciamiento rápido queda condicionado a la voluntad de comparecencia del investigado. La experiencia acumulada sugiere que esa voluntad no es precisamente la nota dominante.

El segundo cuello de botella es jurisdiccional. Aun en los casos en que el investigado comparece, transformar en el acto un procedimiento por delito leve en unas diligencias urgentes por delito menos grave exige al Juzgado de Guardia una operación de cierta complejidad: garantizar asistencia letrada, habilitar una comparecencia puente y organizar la celebración de las diligencias en la siguiente guardia. La práctica habitual, comprensiblemente, tiende a la suspensión y a la transformación en diligencias previas, lo que amplía sustancialmente los plazos y diluye el efecto disuasorio que la reforma pretendía generar. Son dificultades de implementación que no invalidan el propósito de la norma, pero que condicionan de forma determinante su eficacia real.